Masacre en Río: 60 muertos en un operativo policial
Una megaoperación policial en Río de Janeiro contra el Comando Vermelho dejó al menos 60 muertos y más de 80 detenidos este martes, en medio de un despliegue sin precedentes de 2.500 agentes, helicópteros, drones y blindados en los complejos de Alemão y Penha, dos de las favelas más grandes y conflictivas del norte de la ciudad.
El objetivo principal era Edgar “Doca” Alves de Andrade, líder regional del Comando Vermelho, acusado de coordinar el narcotráfico en la zona. Aunque no fue capturado, las autoridades incautaron 42 fusiles de alto calibre y ofrecieron una recompensa de 100.000 reales (unos 17.500 dólares) por información que conduzca a su arresto.
El Comando Vermelho, surgido en 1979 en una cárcel carioca, es considerado una de las mayores organizaciones criminales de Brasil, con una estructura descentralizada que combina poder económico, control territorial y redes de lavado de dinero. El gobernador Cláudio Castro calificó el operativo como una “guerra contra el narcotráfico” y denunció que el Estado “está solo” ante el avance del crimen organizado, luego de que las Fuerzas Armadas rechazaran brindar apoyo logístico.
Las consecuencias fueron devastadoras: barrios enteros quedaron paralizados por los tiroteos, más de 200.000 personas resultaron afectadas por la suspensión del transporte y de las clases en 45 escuelas. Residentes reportaron el uso de granadas lanzadas desde drones, mientras autobuses y comercios permanecieron cerrados durante todo el día.
El operativo reavivó el debate sobre el uso excesivo de la fuerza en favelas densamente pobladas. Organizaciones como Human Rights Watch alertaron sobre el riesgo de ejecuciones extrajudiciales y denunciaron un proyecto de ley que incentiva económicamente a los policías por abatir sospechosos. Según datos oficiales, en 2024 hubo 700 muertes en intervenciones policiales en Río, cifra que evidencia un problema estructural de violencia e impunidad.
Mientras la operación continúa, las autoridades reconocen que el desafío no termina con la captura de líderes o la incautación de armas, sino en restablecer la presencia del Estado en territorios donde el crimen reemplazó por décadas a las instituciones.
